Cuando:
13 Noviembre, 2015 a las 09:30 – 11:30 Europe/Madrid Zona Horaria
2015-11-13T09:30:00+01:00
2015-11-13T11:30:00+01:00
Donde:
Camara de Segovia
Calle de San Francisco
32, 40001 Segovia, Segovia
España
Precio:
30 Euros
Contacto:
Marián Pozuelo
921432300

MODIFICACIONLEYTRIBUTARIANOV2015

El pasado 22 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 34/2015 que reforma la Ley General Tributaria. Con esta reforma se completa la reforma fiscal iniciada con la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, del IRPF, del IRNR y del IVA a inicios del año.

Esta reforma entra en vigor con carácter general el 12 de octubre y la misma afecta a aspectos claves y de enorme calado del procedimiento tributario como pueden ser:

–       El conflicto en aplicación de la norma tributaria

–       La prescripción

–       Medios y valoración de la prueba

–       Actuaciones inspectoras

–       Sanciones tributarias

–       Procedimientos de revisión tributaria

Por ello dada la enorme trascendencia que para el día a día de la práctica fiscal suponen estas novedades, os convocamos a una jornada que tendrá lugar el día 13 de noviembre en el que se repasarán estas novedades.

Para ello contamos como ponentes con:

Pedro García Jarrín, Economista y Abogado, Asociado Principal responsable del Grupo de Procedimiento Tributario de Garrigues Valladolid.

Raquel Carrillo Rodríguez, Abogada, Asociada Senior del Grupo de Procedimiento Tributario de Garrigues Valladolid.

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZA: MARIAN POZUELO

PREAMBULO

Desde su entrada en vigor, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido objeto de varias modificaciones si bien la que ahora se implementa es la de mayor calado, afectando a diversas partes del texto legal, que encuentran su justificación en motivos de diversa índole que más adelante se detallan, asegurando esta reforma, tanto en las materias que son objeto de modificación como en las de nueva incorporación, el mantenimiento del carácter codificador que de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se reconoce en su exposición de motivos.

Esta norma sigue el principio de adaptación continua de la norma tributaria a la evolución de la sociedad y, muy particularmente, a los mecanismos que, de diversa índole, conforman las relaciones jurídicas y económicas entre los ciudadanos, relaciones sobre las que gravita, en última instancia, la obligación tributaria, adaptación que, sin embargo, trata de respetar en todo momento un principio de estabilidad de la normativa que fortalezca la seguridad jurídica en beneficio de los operadores jurídicos que aplican el sistema tributario: los obligados tributarios, los colaboradores sociales y la propia Administración Tributaria.

En ese sentido, la presente Ley sigue las pautas marcadas por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y la más reciente Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Las necesidades que tratan de ser cubiertas con el presente texto son de diversa índole, integrando modificaciones exclusivamente técnicas respecto de preceptos ya incorporados en la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e incorporando nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir vacíos legales actualmente existentes o adaptar la norma para superar situaciones de controversia interpretativa, administrativas y jurisdiccionales, puestas de manifiesto a lo largo de estos años.

Los objetivos esenciales que persiguen las modificaciones son los siguientes:

El reforzamiento la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia, para lo que es fundamental lograr una regulación más precisa, clara y sistemática de todos aquellos procedimientos a través de los cuales se aplica y gestiona el sistema tributario.

Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

Estos objetivos pueden sintetizarse en uno solo: mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz.